A un mes de emergencia sanitaria

A un mes de emergencia sanitaria se han puesto de manifiesto numerosas fortalezas del Uruguay:  

Un estado funcional que cuenta con un buen sistema de salud pública, un sólido sistema de seguridad social –sobre todo en comparación con la región– y una buena infraestructura digital, entre otros.

Amplio consenso republicano: los partidos de la oposición y el movimiento sindical respaldan las medidas gubernamentales contra el Coronavirus; el fondo solidario por el Coronavirus fue aprobado con los votos de todos los partidos.

Fuerte solidaridad social: desde una posición de unidad pocas veces vista, los movimientos sociales y el movimiento sindical presentaron múltiples propuestas para mitigar la crisis social; la profundización de dichas propuestas cuenta con el apoyo de la FES.

Reacciones inmediatas decididas y, a la vez, prudentes del gobierno que había asumido apenas dos semanas antes de que se confirmara el primer caso. Hasta el momento, dichas medidas tienen, fundamentalmente, carácter voluntario, y la gestión gubernamental de la crisis cuenta con amplia aprobación social. 

Se logro aplanar la curva de infecciones, y por suerte el sistema sanitario está lejos de llegar al límite de sus capacidades. Sin embargo, Uruguay está aproximándose a un punto crítico, porque después de que el país cerrara filas durante el primer mes y, con una gestión razonable bien, comienzan a aparecer los conflictos. 

En primer lugar, está en discusión el futuro de las medidas adoptadas. Nos encontramos en la fase inicial de la epidemia y no hay razones para bajar la guardia; no obstante, el gobierno comienza a relajar las medidas puntualmente: ha puesto fin a la paralización del sector de la construcción y prevé el reinicio de las clases en las escuelas rurales.

Con independencia de que estas medidas, tomadas por sí solas, tengan sentido, lo que falta es una comunicación y un diálogo sobre los criterios y escenarios que guiarán los próximos pasos. Eso socava el consenso en torno al paquete de medidas y provoca conflictos, incluso en el propio gobierno. En realidad, están dadas las condiciones para desarrollar un diálogo y consenso social más amplio.

Cabe agregar a esta cuestión, como segundo elemento, la creciente desesperación e impaciencia de las capas más pobres de la población ante la dramática crisis social; últimamente, hubo enfrentamientos entre la policía y la población en barrios de Montevideo.

Efectivamente, la crisis pone en evidencia los problemas estructurales del Uruguay que subsisten después de 15 años de gobiernos progresistas y los agudiza dramáticamente.

La carga del trabajo de cuidados adicional y no remunerado  recae sobre todo en las mujeres que siguen expuestas a la violencia doméstica y de género, cuyos índices, de por sí altos, están aumentando aún más y que en las primeras semanas ha cobrado más vidas que el propio virus; el presidente calificó este hecho cínicamente como “daño colateral de la cuarentena”.

Cabe agregar que aproximadamente un cuarto de los hogares sigue dependiendo de los ingresos de empleos precarios, de empresas unipersonales y de actividades informales. Las medidas que el gobierno adoptó hasta el momento son insuficientes para ellos; no obstante, continúa rechazando la renta básica que los sindicatos y la oposición plantean para ese grupo.

Paralelamente, ve con ojos críticos las ollas solidarias en los barrios debido al riesgo de contagio que éstas implican. A pesar de todo esto, resolvió aumentar las tarifas de electricidad, agua y teléfono alrededor de 10 por ciento a partir del 1° de abril, una medida que tiene un impacto especialmente duro en el grupo mencionado.  

Tampoco contribuye a la unidad que se genere la impresión que las cargas de la crisis se distribuyen de forma desigual. A diferencia de la función pública, cuyos cargos altos se cortaron de hasta 20 por ciento de sus sueldos a beneficio del fondo Corona, mientras los salarios bajos continúan deprimidos, el gobierno rechaza, por ejemplo, la introducción de un impuesto especial a cargo de grandes empresas y altos ingresos particulares, basándose en el argumento neoliberal ortodoxo que dichos ingresos serían los garantes del reinicio de la actividad económica.

Sin embargo, el elemento de mayor escisión está dado por la decisión del gobierno de publicar, en medio de la pandemia, el paquete de medidas legislativas largamente anunciado que pretende presentar ante el Parlamento como “Ley de Urgente Consideración” para su tramitación acelerada. En el caso de leyes de esta naturaleza, el Parlamento dispone de 90 días para la aprobación a partir de la presentación del proyecto por el Gobierno.

En el pasado, esta figura legislativa fue usada por gobiernos de diferentes orientaciones para lograr la aprobación de proyectos específicos. Sin embargo, nunca se empleó para un paquete tan complejo que consta de 502 artículos en 259 páginas y abarca reformas de fondo en varias áreas de la política, desde el derecho penal hasta la política de educación, cubriendo en realidad casi todo el acuerdo de coalición de la alianza de cinco partidos de centroderecha. 

Ya en tiempos normales algunos constitucionalistas observaron un abuso de esa herramienta legislativa, una opinión que seguramente sería aún más válida ante la emergencia sanitaria que impide el funcionamiento normal del Parlamento, en la que se restringe el derecho de reunión y de manifestación y se califica de “antipatriótica” cualquier crítica al gobierno.  

Parece realmente absurdo que la crisis actual –que se profundizará aún más– ni siquiera se menciona en el paquete previamente acordado, como si Corona no marcara una ruptura fundamental.  

Visto desde el Uruguay, la expectativa tantas veces articulada de que la era neoliberal quedaría atrás de una vez y para siempre y, finalmente, todo tomaría un giro para mejor, hacia más justicia y mayor sostenibilidad, no es más que un sueño sin fundamento. Dani Rodrik lo acaba de expresar en la revista Internationale Politik und Gesellschaft (IPG): primero, Corona expone sin atenuantes las fortalezas, debilidades e injusticias estructurales, y luego las profundiza aún más.  

A nosotras y nosotros cabe la tarea de luchar por una respuesta progresista a dichas injusticias. Por ahora, la misma no se vislumbra, tampoco en Uruguay.  

Transcripción del testimonio brindado para FES Lateinamerika Karibik.