"La crisis generada por la COVID-19 deja al descubierto las profundas injusticias ambientales"

En tiempos en que la defensa de los territorios se torna vital para enfrentar esta y otras crisis sistémicas, quienes se han organizado y movilizado históricamente en su defensa en América Latina hoy sufren mayor persecución, dice Karin Nansen, fundadora de Redes – Amigos de la Tierra Uruguay y presidenta de Amigos de la Tierra Internacional en entrevista con nuestro representante, Sebastian Sperling.

Esta pandemia, ¿cómo y en qué sentido ha cambiado el escenario para las y los militantes en su lucha por la justicia ambiental en América Latina?

La crisis generada por la COVID-19 va mucho más allá del terrible impacto en la salud y los sistemas sanitarios, dejando al descubierto las profundas injusticias ambientales, socioeconómicas y de género que desgarran al continente, exacerbadas por la ofensiva de la derecha con su agenda antidemocrática, neoliberal y excluyente. Ha develado también la colosal dimensión e implicancias de las crisis socioambientales sistémicas - climática, de la biodiversidad y la alimentación - y de los cuidados.

En este escenario se hace aún más evidente que la doctrina neoliberal que aboga por la reducción del papel del Estado y políticas de austeridad, atenta contra la salud, los derechos fundamentales y los sistemas ecológicos que hacen posible la vida en el Planeta. En aquellos países donde se impuso la privatización de los servicios públicos, la salud y la seguridad social, así como la flexibilización laboral, las clases populares sufren mayor vulnerabilidad y denegación de sus derechos. Por el contrario, en los países donde se logró frenar el desmantelamiento de lo público y se instauró un sistema de salud pública universal, como en Uruguay, existe una mayor resiliencia frente a la crisis. Lo mismo ocurre con la naturaleza – es posible el derecho al agua y las semillas, cuando se resistió la ofensiva privatizadora.

Pero la tendencia predominante en la región es retomar la senda neoliberal. Los gobiernos de derecha en el poder, con una fuerte alianza con los poderes económicos nacionales y las empresas transnacionales, están revirtiendo los intentos de integración regional y profundizando la inserción internacional dependiente, con mayor liberalización comercial, de los servicios y las inversiones. Sus proyectos de país incluyen la expansión de un modelo de producción y de ocupación del territorio que prioriza la tasa de ganancia privada y expulsa a la producción campesina, familiar, comunidades quilombolas y Pueblos Indígenas.

A lo anterior se suma el ataque a la democracia en curso y el despliegue de una campaña contra los movimientos sociales históricos, que pretende deslegitimarlos y silenciar su lucha.  En tiempos en que la defensa de los territorios se torna vital para enfrentar esta y otras crisis sistémicas, quienes se han organizado y movilizado históricamente en su defensa y por los derechos de los pueblos, hoy sufren mayor persecución, criminalización, judicialización e incluso la muerte. Esa violencia es aún más brutal contra las mujeres - especialmente afrodescendientes, indígenas, pescadoras, campesinas y trabajadoras - que lideran esos procesos colectivos y se fortalecen como sujeto político.

En Uruguay, en los últimos años el debate sobre la sostenibilidad había ganado fuerza. El nuevo gobierno entró también con la promesa de más consciencia ambiental. ¿En la práctica, lo ves ahora en la manera en que propone salir de la crisis Covid-19?

En Uruguay, el nuevo gobierno ha impuesto una agenda que responde a una alianza de clase en la que se funda la coalición de derecha, que atenta contra la justicia social y ambiental. Si bien ha hecho alarde de su compromiso de fortalecer la institucionalidad ambiental mediante la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, la apuesta por reducir el gasto público y aplicar políticas neoliberales que indefectiblemente impactan negativamente en el medioambiente, contradicen el discurso.

El Proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) del gobierno, que está siendo discutido en la Cámara de Representantes, implica un grave retroceso en materia ambiental y para la soberanía alimentaria al debilitar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y al Instituto Nacional de Colonización - a cargo de distribución de tierras, clave para los sistemas asociativos de producción agroecológica protagonizados por jóvenes y para asignar la titularidad de la tierra a mujeres.  Con esta herramienta legislativa, que impone plazos muy limitados para el tratamiento parlamentario impidiendo la participación pública y el debate democrático, se pretenden introducir cambios normativos sustantivos y muy abarcativos. De aprobarse, se impondrá un debilitamiento del rol del Estado como garante de derechos y se fortalecerá su función represiva y su carácter corporativo, al tiempo que se verá socavado lo público y el bien común frente a los intereses privados.

A pocos meses de su asunción, ha quedado claro que las urgencias del gobierno son contradictorias con las del pueblo uruguayo y sus organizaciones que, nucleadas en la “Intersocial”, retoman su compromiso histórico reivindicando políticas públicas centradas en los derechos de la clase trabajadora y se organizan para generar respuestas desde la solidaridad.

En este escenario, ¿cuáles son ahora sus prioridades y estrategias desde Redes Amigos de la Tierra, en Uruguay y al nivel regional?

Las organizaciones que luchamos por la justicia ambiental, entre ellas Amigos de la Tierra América Latina y Caribe, consideramos que el escenario actual exige una agenda y acción política coordinada de los movimientos sociales del continente para enfrentar las causas estructurales de las crisis, así como generar propuestas e iniciativas en función de los derechos, necesidades y urgencias de nuestros pueblos, que al mismo tiempo contribuyan a proteger los sistemas ecológicos y sus funciones vitales.

Entendemos que es fundamental fortalecer los sujetos políticos colectivos para disputar y reivindicar una vez más la esfera política, de manera de revertir los ataques contra la democracia. En ese marco, se torna prioritaria la lucha contra la derecha, el neoliberalismo y el poder e impunidad de las empresas transnacionales, desde la perspectiva de la clase trabajadora, feminista y la justicia ambiental. Por ello nos articulamos en la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo.

Hoy la imperiosa necesidad de desmantelar los sistemas de opresión y explotación adquiere un lugar central en la agenda de nuestros movimientos, en un contexto de racismo institucional creciente, mayor explotación del trabajo de las mujeres y de la clase trabajadora y de recrudecimiento de la violencia patriarcal. Asimismo, el contexto nos llama a poner énfasis en la centralidad de la sustentabilidad de la vida, los cuidados y los servicios públicos, y luchar por una recuperación justa con el protagonismo de los movimientos y organizaciones populares.