Ajustar el cinturón en vez de apretar el acelerador

Este artículo fue escrito para público internacional, originalmente publicado en alemán en la revista IPG - Internationale Politik und Gesellschaft, fue publicado en inglés por la revista IPS - International Politics and Society.

Compartimos aquí la traducción oficial al español por Dieter Schonebohm.

«Oasis», «fenómeno», «discípulo ejemplar»: gracias al control exitoso de la pandemia, el gobierno uruguayo recibe importantes elogios internacionales y goza de una amplia aprobación a nivel local. Es un reconocimiento merecido, porque supo reaccionar con celeridad, determinación y mesura, sin imponer el toque de queda, apostando a la responsabilidad personal y recurriendo al asesoramiento científico. Los casos activos de la enfermedad siguen manteniéndose en niveles bajos y se desarrollaron sólidas capacidades de test a nivel local. Una vez más, Uruguay marca la diferencia positiva en América del Sur. 

Sin embargo, no se sigue con la misma atención internacional la extensa agenda de reformas que el gobierno de centroderecha —que tomó posesión unos días antes de declararse la emergencia sanitaria— está impulsando en paralelo con gran ímpetu. Muchas reformas fueron incluidas en un exhaustivo paquete legislativo que se sometió al debate y la aprobación en ambas cámaras parlamentarias mediante un mecanismo constitucional de tratamiento acelerado cuya aplicación resulta controvertida. En el proyecto no se encuentran respuestas, ni siquiera referencias, a las dimensiones históricas de la recesión y las distorsiones sociales provocadas por la pandemia. Muchas medidas van en sentido contrario a las respuestas que se esperarían en una crisis tan profunda, y su hilo conductor puede resumirse en austeridad, desregulación, represión. 

En lugar de proponer ambiciosos paquetes de estímulos, el gobierno aprieta el cinturón. Ya en el mes de marzo un decreto presidencial impuso un recorte del 15 por ciento a los presupuestos ministeriales actuales. Ahora, en lugar de encaminar programas de inversión pública, opta por complementar la regla fiscal ya existente con la —emblemática— sanción parlamentaria de otra regla fiscal. Es cierto que rápidamente encaminó una serie de medidas que contaron con los votos de todos los partidos: creación del Fondo Coronavirus, pago de un subsidio por desempleo transitorio y facilitación de préstamos en condiciones favorables para empresas. Pero en lugar de estimular la demanda doméstica, le está quitando impulso: en plena pandemia aumentó las tarifas de luz, agua y telefonía alrededor de 10 por ciento y se redujo el descuento del impuesto al valor agregado para pagos con tarjeta, medidas que afectan sobre todo a los ingresos bajos. 

Paralelamente, en las negociaciones colectivas de los consejos de salarios tripartitos, el gobierno insiste en la firma de acuerdos por debajo de la inflación, es decir, en una reducción del salario real. Rechaza asimismo la idea propuesta por la oposición y el movimiento sindical de introducir una renta básica por tiempo limitado para los hogares que dependen de ingresos precarios e informales. Apuesta, en cambio, a medidas caritativas como la distribución de canastas de alimentos. Y en plena crisis, el Ministerio de Desarrollo Social está llevando a cabo «reestructuras tendientes a aumentar la eficiencia», que se agregan a las reducciones presupuestales e interfieren con el funcionamiento de algunos programas establecidos. Antes de fin de año el gobierno debe presentar su primera ley de presupuesto; se verá entonces hasta qué extremos de austeridad está dispuesto a llegar. 

En segundo lugar, propone la reducción de algunas regulaciones introducidas por los gobiernos anteriores para proteger determinados objetivos de interés general contra los objetivos del capital: deshace la Ley de Inclusión Financiera, que obliga a las empresas, entre otros aspectos, al pago de los sueldos y salarios mediante transferencia bancaria, dificultando así la evasión fiscal; restringe el derecho a huelga de los sindicatos consagrado en la Constitución, y, si bien crea, por fin, el Ministerio de Medio Ambiente en Uruguay, se dispone a autorizar el uso comercial de una parte importante de las áreas protegidas del país. Además, ya ingresó al Parlamento un nuevo proyecto de ley de medios que busca restablecer algunos privilegios de los grandes grupos mediáticos, limitar los derechos de la audiencia y eliminar las limitaciones legales a la concentración de medios. 

En lugar de una «estrategia de rebanado de salami», una terapia de choque al comienzo del mandato, a pesar de la resistencia de los sindicatos y los movimientos sociales. 

La agenda neoliberal se acompaña, en tercer lugar, de una agenda represiva. Entre otras medidas, el gobierno endurece el derecho penal y amplía tanto las competencias de la policía como los márgenes de la legítima defensa armada exenta de sanción penal. 

El celo gubernamental, al que ni siquiera la pandemia ha podido frenar, se explica, por un lado, por la enseñanza que dejó el fracaso de Mauricio Macri en Argentina: en lugar de apostar por una «estrategia de rebanado de salami», está optando por la terapia de choque al comienzo del mandato, a pesar de la resistencia de los sindicatos y los movimientos sociales. 

Por otro lado, no se sabe a ciencia cierta por cuánto tiempo la coalición de cinco partidos podrá contar con mayorías parlamentarias seguras. Su unión se debe tanto al interés táctico de expulsar a la alianza de centroizquierda, el Frente Amplio, del gobierno, como a la capacidad integradora del presidente Luis Lacalle Pou. Se muestra omnipresente y dinámico, como una persona auténtica con capacidad de empatía. Por ejemplo, se refirió a la muerte por hipotermia de un hombre sin techo con «dolor y responsabilidad». Personifica la promesa electoral de los integrantes de la coalición de «estar prontos» y «hacerse cargo», lo que desplaza a un segundo plano el caos que a veces existe detrás de la primera fila. 

Ocho meses después de la victoria electoral, numerosos cargos siguen sin ser ocupados. Además, hay diferencias importantes de contenido en la coalición y los intereses y estrategias de los partidos a mediano plazo muestran enormes divergencias. Sobre todo el movimiento militarista y populista derechista Cabildo Abierto juega su propio partido contra el establishment político. Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, líder del segundo partido de la coalición, el Partido Colorado, renunció a su cargo al cabo de apenas tres meses. Durante las negociaciones parlamentarias la oposición aprovechó las fisuras de la coalición en algunos aspectos, por ejemplo, para lograr que privatizaciones parciales de algunas empresas estatales fueran retiradas del actual paquete de reformas. 

En plena crisis del coronavirus las reformas gubernamentales se aprestan a modificar precisamente algunos factores que diferencian al país positivamente de la región y que explican, por lo menos en parte, el éxito actual en el control de la pandemia. No hay país menos desigual en la región, no hay país que redujera más el sector informal y construyera un sistema de salud pública tan robusto. Hay un Estado social sólido, con salarios reales altos y un buen sistema de protección ocupacional gracias a sindicatos fuertes y consejos de salarios que funcionan. La infraestructura digital es buena y la confianza en las instituciones permanece en niveles más altos que en los países vecinos, aunque con tendencia decreciente. Si bien la deuda pública se ubica en niveles relativamente altos, la calificación crediticia y las reservas públicas también lo hacen. El propio gobierno destaca lo ventajoso de esta situación en un reciente informe de promoción para inversores internacionales. 

En plena crisis del coronavirus las reformas gubernamentales se aprestan a modificar precisamente algunos factores que diferencian al país positivamente de la región. 

Sin embargo, en el país el gobierno difunde el relato de la «herencia maldita» con la que supuestamente se encontró. He aquí una parte de la explicación de su victoria electoral y del apoyo amplio que supo movilizar a pesar de su agenda: recuperó hegemonía cultural. Al hacer hincapié —muchas veces con razón— en las deficiencias que continúan subsistiendo, desprestigió al gobierno anterior, incluso desde la izquierda, para asestar ahora sus golpes desde la derecha. 

Al parecer, el gobierno pudo instalar con éxito la idea de que los intereses del capital y de las élites empresariales concuerdan necesariamente con los objetivos de interés general. Esto queda reflejado en el reparto de la carga de la crisis: a diferencia de la reducción de hasta 20 por ciento que el gobierno impuso durante dos meses a los sueldos más elevados de la administración pública para financiar el Fondo Coronavirus y mientras los ingresos menores ya sufren sobre proporcionalmente las consecuencias de la crisis, rechaza categóricamente la posibilidad de aumentar los impuestos a los ingresos privados más elevados y a las empresas grandes, porque según el gobierno ellas deberían impulsar la recuperación anhelada.   

A comienzos del milenio el país superó la grave crisis financiera y económica desmintiendo las recetas neoliberales cuando apostó a una política activa de inversiones, que complementó con una política social y salarial progresista y la profundización de los derechos civiles. Como resultado, el país ocupó posiciones regionales destacadas por sus indicadores sociales, democráticos y económicos y por el período de crecimiento ininterrumpido más largo de su historia que recién ahora llega a su fin debido a la recesión provocada por el coronavirus. No se debe descartar que se cumpla la expectativa de una recuperación «en forma de V», si la demanda internacional así lo permite. Sin embargo, en el camino hacia la reducción de las desigualdades —en el que queda un largo trecho por recorrer, incluso después de 15 años de gobiernos progresistas— Uruguay ha iniciado un cambio de rumbo.